Las licitaciones de desarrollo de software exigen proteger la propiedad intelectual y definir metodologías ágiles. Claves para estructurar tu propuesta.
La transformación digital del sector público ha convertido a las administraciones en uno de los principales compradores de soluciones tecnológicas del país. Bajo el código CPV principal 72262000-9 (Servicios de desarrollo de software) y la serie 72000000-5 (Servicios TI), los portales oficiales de contratación publican diariamente licitaciones destinadas al diseño de plataformas ciudadanas, portales de administración electrónica, analítica de datos y aplicaciones móviles a medida.
Sin embargo, participar en licitaciones de desarrollo de software plantea retos jurídicos y técnicos muy distintos a los de un contrato de servicios tradicional. Las empresas tecnológicas no solo deben competir en precio y plazos de entrega; deben proteger la propiedad intelectual de sus algoritmos y frameworks preexistentes, al tiempo que adaptan metodologías de trabajo ágiles (Scrum o DevOps) a la rigidez procedimental impuesta por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
El mercado TIC público: Transición hacia soluciones a medida y nube SaaS
El gasto en tecnologías de la información por parte de ministerios, comunidades autónomas y entidades locales ha experimentado un crecimiento acelerado. La compra pública de software ya no se limita a la adquisición de licencias estáticas o equipos físicos; la Administración demanda plataformas escalables, arquitecturas orientadas a microservicios y soluciones en la nube bajo modelos Software as a Service (SaaS).
Esta evolución exige a los equipos de licitaciones estructurar ofertas que combinen un estricto cumplimiento de los estándares de ciberseguridad con una arquitectura de software transparente y mantenible a largo plazo.
La propiedad intelectual en el desarrollo de software para la Administración (LCSP)
Uno de los puntos de mayor fricción contractual es la regulación de la propiedad intelectual de las aplicaciones creadas para el sector público. Si el pliego no se analiza con rigor antes de licitar, la empresa corre el riesgo de ceder sin saberlo sus algoritmos de negocio o sus herramientas base a la Administración.
Código fuente, cesión de derechos de explotación y librerías preexistentes
Por regla general, cuando la Administración contrata el desarrollo de un software a medida, exige en los pliegos la cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación sobre el resultado (reproducción, distribución, transformación y comunicación pública del código fuente).
No obstante, las empresas tecnológicas deben trazar una distinción clara en su propuesta técnica entre:
- El código desarrollado ad hoc (Foreground IP): La lógica de negocio y las interfaces creadas específicamente para el órgano de contratación en el marco del contrato.
- El software y librerías preexistentes (Background IP): Los marcos de trabajo (frameworks), librerías propietarias, conectores o módulos de código que la empresa ya poseía antes de la licitación y que reutiliza para acelerar el desarrollo.
La memoria técnica del Sobre B debe declarar formalmente estos componentes preexistentes, concediendo a la Administración únicamente una licencia de uso no exclusiva e intransferible sobre ellos, protegiendo así la propiedad intelectual corporativa de la pyme tecnológica.
¿Qué establece la LCSP sobre la propiedad intelectual del software?
La titularidad de los derechos sobre el software desarrollado para una Administración Pública no debe darse por supuesta: es necesario examinar las cláusulas del contrato y el régimen jurídico aplicable.
En particular, el artículo 308.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece una regla específica para los contratos de servicios cuyo objeto sea desarrollar y poner a disposición productos protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial. Salvo que los pliegos o el documento contractual dispongan otra cosa, los derechos de propiedad intelectual corresponden a la Administración contratante.
Por ello, antes de presentar una oferta, conviene comprobar si el contrato regula expresamente la titularidad del código fuente, los derechos de explotación, las condiciones de reutilización y el tratamiento de los componentes tecnológicos preexistentes.
Esta revisión permite delimitar qué desarrollos se realizan específicamente para la Administración y qué herramientas, bibliotecas o módulos forman parte del patrimonio tecnológico previo de la empresa, evitando asumir obligaciones de cesión más amplias de las previstas en el contrato.
Protección del know-how corporativo y los secretos empresariales
En aplicación de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y la LCSP, el licitador tiene derecho a declarar como confidenciales determinadas partes de su propuesta técnica (como esquemas de arquitectura de base de datos, algoritmos de optimización o diagramas de red internos). De este modo, si un competidor solicita acceso al expediente tras la adjudicación, la Mesa de Contratación no podrá revelar la tecnología propietaria de la empresa.
Protección de datos, ciberseguridad y Esquema Nacional de Seguridad
El desarrollo de aplicaciones para el sector público puede implicar el tratamiento de datos personales, el acceso a sistemas administrativos o la gestión de información sensible. Por ello, el análisis jurídico de una licitación TIC debe ir más allá de la propiedad intelectual y abarcar también las obligaciones de seguridad y protección de datos.
Cuando el contrato implique el tratamiento de datos personales por cuenta de la Administración, será necesario determinar las obligaciones aplicables conforme al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incluida, cuando corresponda, la regulación contractual del encargo del tratamiento.
Asimismo, debe comprobarse la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 311/2022, así como las medidas y evidencias de cumplimiento que exijan los pliegos. No debe presumirse que una certificación ISO sustituye automáticamente las obligaciones derivadas del ENS.
Para la empresa licitadora, identificar estas exigencias desde el inicio permite calcular los recursos necesarios, planificar las medidas técnicas y organizativas y evitar compromisos que después resulten difíciles de cumplir durante la ejecución del contrato.
Estructuración del Sobre B: Defendiendo la metodología ágil frente a la rigidez del pliego
El apartado técnico (juicios de valor) suele representar entre el 30% y el 50% de la puntuación total en las convocatorias tecnológicas. Los evaluadores públicos valoran la capacidad de la empresa para estructurar proyectos complejos sin desviaciones de plazo o presupuesto.
Metodologías Scrum/DevOps en el sector público y entregables por sprints
Aunque la Administración está acostumbrada a planificaciones rígidas en cascada (Waterfall), los pliegos actuales premian la adopción de metodologías ágiles. Para encajar este enfoque en el contrato público, la propuesta técnica debe definir:
- Gobernanza del proyecto: Definición clara de los roles (Product Owner por parte de la Administración, Scrum Master y Equipo de Desarrollo por parte de la empresa).
- Ciclo de entregas (Sprints): Planificación de entregas funcionales iterativas (por ejemplo, sprints de 2 a 3 semanas) con demostraciones de software ejecutable y criterios de aceptación claros (Definition of Done).
- Entornos de integración continua (CI/CD): Automatización de pruebas unitarias, de rendimiento y despliegues controlados en los entornos de desarrollo, pruebas y producción del cliente público.
Cómo convertir la calidad técnica en puntos de adjudicación
En las licitaciones de desarrollo de software, una propuesta técnicamente solvente no garantiza por sí sola la adjudicación. La memoria debe responder de forma precisa a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego y justificar cómo cada solución propuesta satisface las necesidades del órgano de contratación.
De acuerdo con los artículos 145 y 146 de la LCSP, los criterios de adjudicación deben permitir identificar la mejor relación calidad-precio, conforme a las condiciones previstas legalmente. En los contratos tecnológicos, esto puede traducirse en la valoración de aspectos como la arquitectura propuesta, la interoperabilidad, la seguridad, la metodología de desarrollo, la escalabilidad y el plan de mantenimiento.
Cuando determinados criterios dependan de un juicio de valor, es fundamental desarrollar cada apartado siguiendo la estructura y las exigencias del pliego. No basta con enumerar tecnologías o describir metodologías: hay que explicar su aplicación concreta al proyecto, los resultados esperados y los mecanismos de verificación.
Una buena práctica consiste en elaborar una matriz de cumplimiento que relacione cada criterio de adjudicación con el apartado correspondiente de la memoria técnica, la evidencia que lo respalda y la mejora que aporta a la solución propuesta.
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) y gestión de mantenimientos evolutivos
En las licitaciones de servicios de limpieza los rendimientos se miden en metros cuadrados, mientras que en el sector software el rendimiento se evalúa mediante Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) y Acuerdos de Nivel de Operación (OLAs).
La memoria técnica debe fijar compromisos claros para los dos tipos de mantenimiento habituales:
- Mantenimiento correctivo: Tiempos de respuesta y resolución de incidencias en función de la criticidad (Bloqueante: <2 horas; Grave: <8 horas; Leve: <24 horas).
- Mantenimiento evolutivo: Bolsas de horas para nuevos desarrollos gestionadas mediante estimación en Puntos de Historia (Story Points) u horas-persona previamente pactadas.
| Tipo de Contrato TIC | Enfoque de Propiedad Intelectual | Criterio de Selección Dominante | Formato de Tramitación Habitual |
|---|---|---|---|
| Desarrollo a Medida | Cesión de Foreground IP; reserva de Background IP | Propuesta técnica en Sobre B (Metodología y Arquitectura) | Procedimiento Abierto u Homologación en SDA |
| Licenciamiento SaaS | Licencia de uso no exclusiva por suscripción | Precio, SLA de disponibilidad y ciberseguridad | Adquisición centralizada o compra directa |
| Mantenimiento Evolutivo | Titularidad según el código base del sistema | Bolsa de horas, cualificación del equipo y tarifas | Contrato de servicios o Acuerdo Marco |
Selección de códigos CPV clave para el sector software
Para no perder oportunidades de negocio y configurar alertas precisas en las plataformas de contratación, las empresas tecnológicas deben monitorizar los códigos del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) específicos de su especialidad:
- 72262000-9: Servicios de desarrollo de software.
- 72212000-7: Servicios de desarrollo de software de programación de aplicaciones.
- 72263000-6: Servicios de implementación de software.
- 72267000-4: Servicios de mantenimiento y reparación de software.
- 48000000-8: Paquetes de software y sistemas de información.
- 72268000-1: Servicios de suministro de software.
Por qué redactar propuestas TIC con ChatGPT pone en riesgo tu propiedad intelectual
Ante la prisa por estructurar la memoria técnica del Sobre B, algunas consultoras tecnológicas utilizan inteligencias artificiales generativas abiertas como ChatGPT para redactar apartados de arquitectura o metodologías de desarrollo. Esta práctica plantea amenazas críticas para la empresa:
- Fuga de algoritmos y código propietario: Copiar fragmentos de código fuente, diagramas de arquitectura interna o esquemas de base de datos en chats públicos almacena la propiedad intelectual de tu pyme en servidores fuera de la Unión Europea, exponiéndola ante terceros.
- Memorias técnicas clonadas y vacías: Los evaluadores públicos de perfil técnico identifican rápidamente la retórica genérica de la IA abierta ("ofrecemos una solución altamente escalable e innovadora"). Estas propuestas pierden puntos en los juicios de valor por no detallar la pila tecnológica (stack) ni los componentes de integración reales exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
- Desconocimiento de los esquemas de ciberseguridad: ChatGPT suele alucinar con la normativa europea y española, confundiendo las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) con estándares internacionales genéricos (como la norma ISO 27001) que no responden a los requerimientos de la LCSP.
Licitabot: La solución RAG privada para auditar pliegos TIC y proteger tus activos de software
Para auditar pliegos tecnológicos de cientos de páginas y preparar memorias técnicas competitivas sin riesgo de fuga de datos, Licitabot opera bajo una arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) cerrado, aislando todos tus documentos, código y propuestas en un perímetro digital privado, cifrado y 100% confidencial alojado en servidores dentro de la Unión Europea.
Nuestra tecnología facilita el análisis inteligente de pliegos en convocatorias de desarrollo y mantenimiento informático. Con el Chat IA nativo de Licitabot, puedes subir el PCAP y el PPT del contrato y consultar en segundos:
«Revisa las cláusulas de propiedad intelectual de este pliego de desarrollo de software. Confirma si exige la cesión del código fuente preexistente, extrae la tabla de niveles de servicio (SLAs) para la resolución de incidencias e identifica los requisitos de solvencia técnica exigidos al equipo de desarrollo»
Licitabot procesará el expediente al instante e indicará la página exacta y el párrafo literal del PDF donde radica cada condición. Con este informe analítico en la mano, tu equipo de ingenieros podrá proteger la propiedad intelectual de la pyme, estructurar una metodología de trabajo ágil e impecable y evitar caer en errores de forma en licitaciones.
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Preguntas frecuentes sobre licitaciones de desarrollo de software
¿Puede la Administración publicar en código abierto (Open Source) el software desarrollado en un contrato?
Sí. De acuerdo con las directivas de reutilización de software público y la Guía de Aplicación de la Declaración de la Unión Europea sobre Derechos Digitales, los órganos de contratación pueden exigir en el pliego que el código desarrollado a medida se libere bajo licencias de código abierto (como la licencia EUPL o GPL). No obstante, esta obligación solo afecta al Foreground IP desarrollado para ese contrato concreto, no al software preexistente de la empresa contratista.
¿Cómo se justifica la solvencia técnica en licitaciones de desarrollo de software?
La solvencia técnica se acredita mediante certificados de buena ejecución expedidos por clientes públicos o privados en los últimos tres años, indicando el importe, las fechas y la naturaleza del desarrollo software ejecutado. Además, el pliego puede exigir certificaciones de calidad específicas, como la ISO/IEC 25000 (calidad del producto software) o CMMI. Si deseas revisar los requisitos financieros exigibles, consulta la guía sobre solvencia económica en la contratación pública.
¿Es posible utilizar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) para comprar software?
Sí. Cada vez más administraciones públicas y centrales de compras (como la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación o administraciones autonómicas) constituyen Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) para la homologación continua de empresas proveedoras de software, licencias y servicios TIC.

Judit Rodríguez
Product ManagerLicenciada en Derecho y Product Manager especializada en el asesoramiento legal y estratégico para el desarrollo de software de gestión de licitaciones públicas. Cuenta con un Máster en Derecho de Empresa y Contratación y en Acceso a la Abogacía , respaldados por una sólida trayectoria previa como Directora de Departamento Jurídico y Responsable Territorial en la gestión de programas sociales y proyectos públicos. Experta en cumplimiento normativo (compliance), protección de datos y en la gestión integral de licitaciones y subvenciones.



