Tipos de contratos del sector público explicados de forma sencilla

Comprender la clasificación de las licitaciones públicas suele convertirse en un dolor de cabeza burocrático para cualquier empresa que intenta vender a la Administración. La jerga técnica de los pliegos administrativos disuade a muchos licitadores, que no tienen claro qué solvencia se les va a exigir, qué plazos aplicarán o ante qué tribunal deberían recurrir en caso de conflicto.

Sin embargo, identificar los tipos de contratos del sector público no tiene por qué ser un laberinto. De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), toda la contratación estatal, autonómica y local se ordena bajo criterios lógicos en función de tres variables: qué se compra (el objeto), cómo se regula (el régimen jurídico) y cuánto cuesta (el importe).

Qué son los contratos del sector público y cómo se clasifican

Un contrato del sector público es un acuerdo oneroso celebrado entre un organismo público y una persona física o jurídica privada para satisfacer una necesidad de interés general. Para garantizar la transparencia y la libre competencia, el ordenamiento jurídico español establece reglas específicas para cada tipología.

Para no perderte entre artículos de la ley, recuerda que los contratos públicos se dividen bajo tres perspectivas principales:

• Por su objeto: Determina qué prestación física o intelectual realiza la empresa (obras, servicios, suministros, concesiones o mixtos).
• Por su régimen jurídico: Define si se aplica el derecho administrativo (100% público) o el derecho privado (mercantil/civil en su ejecución).
• Por su cuantía económica: Determina si el contrato está sujeto a regulación armonizada europea (SARA), si es un contrato no SARA o si se tramita como contrato menor.

Conocer estas diferencias es vital, ya que condicionan los requisitos de la guía de la Ley de Contratos del Sector Público para evaluar la capacidad de tu empresa antes de preparar la oferta.

Los 5 contratos típicos según su objeto (Artículo 12 LCSP)

El artículo 12 de la LCSP clasifica los contratos atendiendo a la naturaleza de la prestación que la Administración contrata.

1. Contrato de obras

Tiene por objeto la ejecución de un trabajo de construcción, ingeniería civil o remodelación sobre un bien inmueble (como la pavimentación de calles, la construcción de un colegio o la rehabilitación de un hospital).

Requieren una inversión intensiva en maquinaria y personal, y por encima de los 500.000 euros exigen de forma obligatoria contar con la clasificación oficial de contratistas.

2. Contrato de concesión de obras y concesión de servicios

En estos contratos, la Administración encarga la construcción de una infraestructura o la gestión de un servicio público (como un aparcamiento municipal, una piscina pública o la recogida de basuras).

La clave de la concesión es el riesgo operacional: la empresa recupera su inversión cobrando directamente a los usuarios o mediante tarifas de demanda. Si la empresa no asume el riesgo de pérdidas económicas, no hay concesión.

3. Contrato de suministro

Su finalidad es la adquisición, el arrendamiento financiero o el alquiler de bienes muebles o productos. Incluye desde la compra de equipos informáticos, vehículos corporativos y mobiliario de oficina, hasta el suministro de energía o material sanitario.

Los programas informáticos hechos a medida son la única excepción, ya que se consideran servicios.

4. Contrato de servicios

Consiste en la contratación de una prestación de hacer, es decir, el desarrollo de una actividad técnica o la obtención de un resultado distinto a una obra o suministro.

Abarca servicios de consultoría, mantenimiento de instalaciones, limpieza, seguridad privada, servicios jurídicos o formación.

5. Contratos mixtos

Son aquellos expedientes que fusionan prestaciones de dos o más tipos de contratos (por ejemplo, el suministro de equipos informáticos junto con el servicio de mantenimiento y la obra de instalación de cableado).

Para que sea válido, las prestaciones deben estar directamente vinculadas entre sí y mantener una unidad funcional. El contrato se rige con carácter general por las normas de la prestación principal que tenga mayor peso económico.

Contratos administrativos vs. contratos privados: ¿en qué se diferencian?

No todas las contrataciones de los organismos públicos siguen las mismas reglas de principio a fin. La ley distingue claramente entre contratos administrativos y privados:

Clasificación por importe: Contratos SARA, No SARA y Contratos Menores

El presupuesto estimado condiciona de forma directa la publicidad y el nivel de competencia del concurso:

Importe del Contrato:

• Contrato Menor (Sin licitación directa / < 15.000 € o 40.000 €)
• Contrato No SARA (Licitación nacional / Por debajo de umbrales UE)
• Contrato SARA (Licitación europea / Publicación en el DOUE)

• Contratos Sujetos a Regulación Armonizada (SARA): Son licitaciones de gran volumen económico que superan los umbrales comunitarios fijados por la Unión Europea. Exigen la publicación obligatoria del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE/TED), otorgan plazos de presentación de ofertas más amplios y permiten acceder al Recurso Especial. Consulta la tabla completa de importes en nuestra guía sobre los umbrales SARA.
• Contratos No SARA: Contratos que, por quedar por debajo de las cuantías europeas, se tramitan exclusivamente bajo la publicidad nacional mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
• Contratos Menores: Compras de escasa cuantía (inferiores a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en servicios y suministros) que pueden adjudicarse de forma directa. Revisa los pros y contras de esta vía en nuestro análisis sobre el régimen del contrato menor.

Presupuesto base de licitación y valor estimado: no son lo mismo

Antes de valorar la cuantía de una licitación, conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse: el presupuesto base de licitación (PBL) y el valor estimado del contrato (VEC).

El PBL es el límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA cuando corresponda. En cambio, el VEC se utiliza para determinar aspectos como la necesidad de regulación armonizada y se calcula teniendo en cuenta, entre otros elementos, el importe total previsto, las posibles prórrogas, opciones y modificaciones previstas en los pliegos, sin incluir el IVA.

Por eso, PBL y VEC pueden ser cantidades muy diferentes. Para saber qué régimen de contratación corresponde y si se superan determinados umbrales, no basta con mirar únicamente el importe que aparece como presupuesto base de licitación.

Errores habituales al identificar el tipo de contrato antes de licitar

Clasificar incorrectamente el objeto de un contrato tiene consecuencias operativas inmediatas. Un error común de los órganos de contratación es publicar como contrato de servicios lo que legalmente es una concesión de servicios, omitiendo la transferencia del riesgo operacional. Si tu empresa presenta oferta bajo unas premisas erróneas, se arriesga a asumir costes no previstos o a que el pliego sea anulado tras una impugnación.

De igual forma, en los contratos mixtos de suministro e instalación, es habitual confundir la prestación principal. Si la Administración califica el expediente como un contrato de obras cuando el 80% del presupuesto corresponde a la compra del equipamiento, exigirá requisitos de solvencia o clasificaciones empresariales inadecuadas que pueden dejar fuera a licitadores perfectamente capacitados.

Por qué clasificar tu contrato con ChatGPT es un peligro de compliance

Ante la duda sobre cómo calcular el valor estimado de un contrato o definir si es SARA, muchos técnicos recurren a herramientas de IA generativa abiertas como ChatGPT. Esta práctica entraña dos riesgos serios:

1. Alucinaciones en la calificación de contratos mixtos: Los modelos generalistas abiertos no leen la jurisprudencia de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales. Pueden interpretar de forma errónea el riesgo operacional de una concesión o errar en la suma de prórrogas e indemnizaciones necesarias para determinar el presupuesto base de licitación.
2. Exposición de datos sensibles: Subir borradores de pliegos, estructuras de costes o memorias internas a chats públicos vulnera los protocolos de confidencialidad y expone la estrategia comercial de tu empresa en servidores de acceso abierto.

Cómo Licitabot clasifica automáticamente los tipos de contratos para que no pierdas tiempo

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«Lee los pliegos de esta licitación, identifica cuál es el tipo de contrato según su objeto, aclara si se trata de un contrato SARA o no SARA, y desglosa si las prestaciones de suministro e instalación están correctamente tipificadas como contrato mixto»

Licitabot analizará el texto al instante y, para garantizar una precisión absoluta, te indicará el número de página exacto y el párrafo literal del pliego de donde ha extraído cada pauta legal. Tu equipo sabrá desde el primer minuto qué solvencia preparar, qué plazo de presentación aplica y si la licitación encaja con la estructura de tu empresa.

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Preguntas frecuentes sobre los tipos de contratos del sector público

¿Cuáles son los tipos de contratos públicos más comunes?

Los más habituales por volumen de convocatorias son los contratos de servicios (mantenimiento, limpieza, consultoría) y los contratos de suministros (equipos, vehículos, bienes consumibles).

¿Qué diferencia hay entre un contrato de servicios y una concesión de servicios?

En el contrato de servicios, la Administración paga un precio fijo pactado al contratista, garantizando su retribución. En la concesión de servicios, la empresa asume el riesgo operacional de la explotación, cobrando directamente a los usuarios o dependiendo de la demanda real del servicio.

¿Qué es un contrato SARA?

Es un contrato Sujeto a Regulación Armonizada que, por superar determinados umbrales económicos fijados por la Unión Europea, debe publicarse obligatoriamente en el DOUE y someterse a reglas europeas de transparencia y publicidad.

¿Cómo saber qué tipo de contrato estoy leyendo en un pliego?

Puedes comprobarlo directamente en la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) o utilizando Licitabot para analizar el objeto, el régimen jurídico y el valor estimado del expediente en segundos.